Trece discográficas independientes han presentado reclamaciones a título individual ante el Consejo de Ministros por la falta de protección que, según ellas, ejerce la Administración sobre los derechos de autor. Las discográficas entienden que el Gobierno ha incumplido sus obligaciones a nivel europeo dirigidas a controlar las descargas ilegales y establecer los mecanismos que protejan los derechos de propiedad intelectual en la web. Y para compensar, en dicha reclamación exigen nada menos que 300 millones de euros como indemnización por las pérdidas que les provoca cada año la piratería digital.
Este nuevo "canon" exigido al Gobierno pone de relieve el tantas veces discutido y argumentado viejo sistema de mercado que tratan de mantener las discográficas, máximas beneficiarias de la creación del artista, y que llegan a encarecer el producto hasta un 80%.
Sin embargo, el actual contexto normativo en nuestro país "no permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual ningún tipo de defensa ante las infracciones que se cometen a través de las descargas ilícitas de contenidos protegidos en Internet, modalidad de piratería digital que comprende más de la mitad del volumen total de vulneraciones de estos derechos en la Red", de manera que difícilmente podrá salirse con la suya esta vez.
